La Junta ordena a Caja de Ávila que modifique sus estatutos

AVILA
ECONOMIA

La Junta de Castilla y León ha ordenado a Caja de Ávila que en la próxima Asamblea General que celebre proceda a la modificación de sus Estatutos y de su Reglamento de Procedimiento Electoral para que dé cumplimiento al fallo de la sentencia que dictó el 31 de enero de 2007 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En dicha sentencia se estimó parcialmente el recurso que planteó la Casa Social Católica contra el acuerdo de 27 de mayo de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobaron los Estatutos y Reglamentos de Procedimiento Electoral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila. A tenor de esa sentencia, la Casa Social Católica debería recuperar el porcentaje de participación que tenía en los órganos de dirección de la entidad financiera abulense antes de que se aprobasen los estatutos, con lo que de los tres consejeros generales que tienen en la Asamblea General en la actualidad debería pasar a tener cinco, mientras que en el Consejo de Administración deberá tener un representante.
Según se recoge en el acuerdo de la Junta de Castilla y León, firmado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, el pasado 4 de septiembre y publicado ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León, tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 31 de enero de 2007, con fecha 27 de junio de 2008, esa misma sala dictó una providencia solicitando el inicio de las actuaciones necesarias para el cumplimiento del fallo.
Hay que recordar que de forma paralela a la Casa Social Católica, la otra entidad fundadora de Caja de Ávila, la Casa de Misericordia, recurrió también el acuerdo por el que se aprobaban los Estatutos y Reglamentos del Procedimiento Electoral de la Caja, sin embargo no fue estimado al considerar el juez que la Casa Social Católica sí tenía personalidad jurídica eclesiástica como entidad pública de la Iglesia, hecho que no ocurría con la Casa de Misericordia y, por tanto, con esa decisión estimaba que «se vulneran los acuerdos de la Santa Sede y el Estado español suscritos en el año 1979».   

Textos e imágenes tomados del periódico online diario de avila. es